La Cámara de Comercio e Industria de la Provincia de Salta, reitera su ROTUNDO RECHAZO a la suba de las alícuotas del Impuesto a la Actividades Económicas (Ingresos Brutos); medida adoptada en el marco del denominado “Consenso Fiscal” acordado por Presidencia de la Nación y Gobierno de la Provincia de Salta. El tratamiento en las Cámaras Legislativas provinciales resultó en su aprobación mediante un trámite expreso, sin posibilidad de debate ni consenso de los sectores económicos salteños.
Resulta imperioso solucionar la profunda crisis en la que están sumidas las empresas comerciales, de servicios y PYMES industriales. Previo al tratamiento de la medida a nivel provincial, en la que se incluyó el alza del impuesto de hasta el 200% para algunos rubros, se descartaba de lleno – por parte de las autoridades provinciales - la suba de los gravámenes, hecho éste puesto en evidencia con motivo de participar las mismas en el Plenario de Cámaras realizado en nuestra institución el pasado 10 de noviembre, oportunidad en la que el denominador común de todos fueron la generación de mano de obra y fuentes laborales genuinas, la reactivación de la economía, y el fin de actividades ilegales.
Lamentablemente, nada de esto ocurrió; por el contrario, se sancionó un texto que lejos de generar empleo, reactivar la alicaída economía y poner fin a la ilegalidad, ajusta más a los mismos sectores de siempre.
Desde siempre es responsabilidad del Estado articular y controlar las medidas para el combate de la ilegalidad e informalidad en el territorio provincial. La inclusión de una cláusula de “devolución” del 10% de los tributos del comercio para el combate a este flagelo no redunda en un avance real en esta lucha.
La cámara no será cómplice de esta medida ya que RECHAZA a ese fondo previsto para el desarrollo de actividades de fomento y lucha contra el comercio ilegal (Art. 7º de la ley sancionada), entendiendo que ello es una obligación por parte de quienes nos representan y que fueron electos para desarrollar responsablemente su mandato. Asimismo, EXIGIMOS que ese 10% sea descontado de la alícuota a fin de que el comercio tenga un mínimo alivio a esta pesada carga que nos terminará por afectar negativamente a todos los salteños.
Dado es de mencionar también, que en lo que al COMERCIO se refiere NO ESTA CONTEMPLADA REDUCCION PROGRESIVA ALGUNA, tal cual se infiere del texto de la ley.
No se debe perder de vista que la toma de este tipo de medidas, aumenta severamente los costos de las empresas salteñas que inmediatamente se reflejarán en los precios al consumidor de mostrador, en el cierre de los comercios y en la pérdida de empleos.
Tampoco se alienta la llegada de inversores a la provincia, dada la imperante inseguridad jurídica en la que se vive aquí y en el país.
Solicitamos la apertura del DIALOGO; en el entendimiento que mediante la articulación de las políticas público-privadas correctas propiciaremos el desarrollo sostenido de la provincia y región.
Consejo Directivo
Salta, 13 de diciembre de 2017
